La ciudad, sigue siendo aún hoy un "mecanismo de conquista", como han planteado o se desprende de los planteamientos de algunos teóricos de la dependencia y el colonialismo, colonialidad/modernidad en América latina (Gunder Frank, Bolívar Echeverría, Dussel, Sousa Santos, Lefevbre...); lugar de blanqueamiento y acumulación por despojo, de desalojo y desarraigo social y cultural (P.Gaytan), ocupación colonial, culturicidio (homogenización e imposición de los usos y costumbres, estilo de vida de la cultura occidental, americana principalmente); ecocidio, desplazamiento forzoso y desarraigo de las clases trabajadoras desposeídas y las más empobrecidas.
Estamos siendo testigos y víctimas de una renovada forma de conquista (desde la implantación del modelo neoliberal en 1973), que se sirve no ya de armas, sino de "cambios de uso de suelo", "polígonos de desarrollo", "leyes", "planeación urbana", "modernización", "rehabilitación de parques", "verificaciones administrativas", "emprendedores inmobiliarios". Nombres de procesos aparentemente "neutrales", "inofensivos", que no causan sospechas, pero en realidad, procesos mortíferos de acumulación inmobiliaria, de despojo jurídico-patrimonial y legitimadoras del posterior desalojo violento de los que todavía habitaban en casas, edificios, condominios, vecindades pues son considerados "invasores".
Unos sí, otros no. Algunos, sin ser dueños, como si lo fueran, pues son responsables, pagan servicios --no los dueños, pues no viven ahí, se desentienden o no les interesa--; unos han entrado ahí con uso de la violencia, y otros pacíficamente. Quienes no lo hicieron de buena fe, deberían ceder el bien a los legítimos dueños, o bien, en caso de estar ausentes éstos, el gobierno debería expropiar y ofrecer una alternativa a ésta familia, invitarla a participar en algún proyecto de vivienda popular o social, accesible a las condiciones económicas de ésta familia. Para éstos fines, la ley ya preveé el llamado "derecho de prescripción positiva", para que un habitante que no es el dueño original de una propiedad intestada o sin escrituación, pase con todas las de la ley, a ser propietario. Sin embargo, son procesos jurídicos a menudo bastante costososo, donde abogados astutos, sacan gran provecho. El gobierno debería garantizar a los más vulnerables, trámites y procesos jurídicos sin costo alguno para éstas personas.
Algunos con el consentimiento de los legítimos dueños, otros sin éste consentimiento. En algunos casos, los dueños se hicieron justicia por propia mano. En otros casos, murieron los dueños legítimos hace décadas. Aquí se deben abrir opciones para los nuevos inquilinos, pero no el desalojo violento hecho por ladrones de vivienda, o por enviados del gobierno a favor de sus proyectos de vivienda por que hay miles, sino es que decenas de miles de casos, donde los dueños no hicieron la escrituración de propiedad, resultante de ésto, hay decenas de miles de propiedades en calidad de intestado o bien, de litigio legal.
Entonces hay un vacío jurídico, que es aprovechado por grupos criminales y que buscan sacar provecho económico de ello, atentando a plena luz del día, o en plena madrugada, contra el derecho a la vivienda de los más vulnerables, sin importarles si hay niños, mascotas, ancianos, mujeres, personas enfermas o discapacitadas, donde "conocidos" dan el pitazo para avisar a grupos o mafias inmobiliarias, abogados o notarios, de edificios con problemas patrimoniales, con deudas, con inquilinos sin papeles, donde saben que será más fácil saquear, robar y apropiarse, inventando que los saqueadores son enviados de los legitimos dueños, inventando escrituras falsas o apócrifas en alguna Notaría fantasma sin domicilio comprobable; son gente sin escrúpulos, sin alma, imbuidos de una sed perversa de ganancia, que pueden ser inquilinos también, traidores, gente astuta y maquiavélica.
Hecho que el gobierno debería erradicar, no permitir que "nadie pase por encima de la ley", como repetía hasta el cansancio el presidente anterior López Obrador, no permitir que se viole el sagrado derecho a la vivienda de las personas no propietarias, pero que habitan, cuidan, procuran y mantienen sin embargo las viviendas "en litigio", "sin escritura", "intestadas"
Primero es el derecho humano a la vivienda, después el vacío jurídico. Este vacío jurídico, ésta condición de intestamiento de una propiedad, puede ser resuelta por las partes interesadas mediante las oficinas jurídicas destinadas a ello, sin menoscabar el derecho a la vivienda de una familia, que es tanto como lanzarlos a la muerte lenta, en vez de permitirles que arreglen éste asunto bajo ciertas condiciones materiales que les permita realizar óptimamente las acciones necesarias, sea para su propio beneficio e interés, o el de quien se reivindique como dueño/a. El vacío jurídico no es una persona que pueda enfermarse, padecer, puede seguir trabajando desde la comodidad de los tribunales, de las oficinas administrativas, pero una familia va a padecer muchísimo por un día sin techo, va a enfermar, va entrar en la más absoluta desesperación, y van a morir sus miembros más debilitados, ancianos o personas con enfermedades crónico-degenerativas. Este derecho abismal, derecho de saqueo y despojo de los más vulnerables, debe ser erradicado, pues protege a los más pudientes, a los privilegiados del sistema. Es el derecho de naturaleza, del más fuerte para el más fuerte, contra el más débil y vulnerable.
Es un derecho y una ley fascistizados. Fascismo jurídico e institucional que se parapeta detrás de sistemas aparentemente democráticos, y detrás de nombres aparentemente inofensivos, para llevar adelante su proyecto de ocupación y desplazamiento de los más débiles y frágiles del sistema, que es ocupación simbólica y corporal también, mediante el monopolio de la violencia policial, mediática, jurídico-institucional y tecnológica. Es derecho al servicio de la violencia sistémica y estructural.
Esta forma blanda de colonización, despojo y desplazamiento violento de las clases populares y trabajadores precarios de la CDMX, forma parte de la misma lógica de ocupación territorial impulsada por el capitalismo sionista del Norte colonial imperial.
El gobierno, ya lo estamos viendo, no defiende a éstas clases desposeídas de esa lógica de despojo y acumulación inmobiliaria criminal, por el contrario, beneficia a los especuladores inmobiliarios (colonialistas en esencia) y sus fondos buitre de inversión que buscan apoderarse de todos aquellos espacios que les permita oxigenar a su cada vez más decadente negocio de despojo inmobiliario, de ecocidio, desarraigo social y muerte.
La CDMX representa una importante reserva de inversión inmobiliaria muy atractiva para el hegemón del Norte Imperial Racista Sionista. No le permitamos apoderarse de la CDMX, ni dejemos que la clase política nos imponga la lógica atroz, neoliberal y abismal de sus patrones imperiales.
¡Solo la organización del pueblo trabajador y clase media desarraigada y despojada puede impedir el avance de esta lógica colonial expansionista de despojo, desplazamiento y desalojo!.
